Página Abierta

Vanessa Dubois Cisneros y Jorge Mora Portuguez*

De manera vergonzosa la Procuraduría General de la República (PGR) quiere que la compañía minera Industrias Infinito empiece operaciones antes de tiempo en Crucitas, cuando el proceso judicial aún está en marcha. ¿Qué intereses económicos y a quién está defendiendo la Procuraduría General con esta apelación?
El pasado 27 de abril la PGR impugnó, en nombre del Estado, la medida cautelar que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo contra la minera de Crucitas. Esta medida cautelar tenía como propósito evitar que la compañía continuara con su actividad destructiva, hasta tanto se resolviera el proceso judicial que está en marcha.

Tal como lo ha expuesto el Tribunal en su resolución, existe un riesgo real de que la minera ocasione un daño irreparable al ambiente; por eso decide mantener esta medida hasta el final del proceso. Sin embargo, el Estado, que no se ve afectado en lo más mínimo con esta medida cautelar dirigida contra la empresa, la impugna, anteponiendo los intereses de la compañía minera por encima de los intereses nacionales.

¿Por qué el Estado impugna una medida cautelar que en nada le perjudica como parte en este proceso?
¿Por qué el Estado quiere que la compañía minera reinicie operaciones antes de tiempo, cuando el proceso judicial aún está en marcha?
¿Qué intereses económicos y a quienes está defendiendo la Procuraduría General con esta apelación?
Es una vergüenza que mientras el 89% de la población del país se opone a la minería de oro a cielo abierto; que mientras miles de personas se manifiestan en las calles contra el proyecto de Crucitas; que mientras las más prestigiosas universidades públicas, organismos especializados, organizaciones ambientales y comunales han advertido de los graves peligros sociales y ambientales que entraña la minería para nuestro país, el Gobierno no solo haga oídos sordos a este clamor nacional, sino que se ponga abiertamente de lado de la compañía minera defendiendo sus intereses.

Hacemos un vehemente llamado al Tribunal Contencioso Administrativo a que se mantenga firme en su resolución; a hacer caso omiso a las presiones políticas y económicas; y a resolver de conformidad con el Principio Preventivo y el Principio Precautorio que, según la ley, deben regir la materia ambiental en nuestro país.

*Vanessa Dubois Cisneros, presidenta de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON); Jorge Mora Portuguez, presidente de la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).