Jaime Ordóñez
 Tras es el escándalo ambiental generado por el caso de Crucitas (por resolverse en estos días en la Sala Constitucional, todos esperamos que en defensa de los intereses públicos), el país vive en forma paralela otra dolorosa ordalía por daño al medio ambiente: el caso de la autopista a Caldera.
El pasado 26 de Noviembre el Tribunal Ambiental Administrativo encontró 11 nuevas violaciones por parte de la empresa concesionaria Autopistas del Sol. No es la primera ocasión. Las trasgresiones hasta el momento han sido muchas: en el tramo II (entre Ciudad Colón y Orotina), hubo afectación de corredores biológicos, de sitios arqueológicos y zonas de protección de los cuerpos de agua, por manejo de escombros. Adicionalmente, algo gravísimo: el rompimiento parcial del sello del Acuífero Barva, el cual suple de agua potable al 60% de la población del Valle Central.
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Sobre este punto, un excelente reportaje del periodista Jorge Araya en Semanario Universidad confirma algo que ya había investigado también por otro incisivo periodista, Manuel Delgado, de Telenoticias Canal 7, desde el pasado mes de mayo. Los mecanismos de control son prácticamente inexistentes. O más grave aún. Los mecanismos de control son eliminados. En mayo pasado, la empresa consultora IMNSA, que había sido contratada para fiscalizar la obra, señaló serias disconformidades y problemas de alta magnitud: 170 violaciones en total, por parte de Autopistas del Sol. ¿Cuál fue el resultado del profesional, prolijo y cuidadoso informe técnico de IMNSA, que dictaminó esas violaciones o problemas medio ambientales y constructivos? Su contrato fue rescindido por el MOPT.
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Incluso algo más grave. No sólo se castigó a IMNSA despidiéndola por hacer bien su trabajo (y advertir sobre 170 violaciones de derechos de todos nosotros, los costarricenses, como son los derechos del medio ambiente) sino que, además, se le está cobrando una sanción multimillonaria por un monto que ronda los 7 millones de dólares, según informe de la Contraloría General de la República. El mundo al revés. A la empresa que en forma digna y profesional advierte sobre 170 violaciones al medio ambiente se le despide, y se le cobra una multa abusiva y totalmente injusta. En cambio, a la empresa que reiteradamente ha violado el entorno ecológico se le preserva el contrato. Tal parece que el Gobierno está resuelto a proteger, contra viento y marea, a la concesionaria Autopistas del Sol. Hago la misma pregunta que ya hice en relación al caso Crucitas y la empresa minera allí concesionada. ¿Por qué? ¿A quién se está beneficiando o protegiendo? Esa es la gran pregunta.
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